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Especial de Diario Hispano Boliviano

La nacionalización de la Empresa Fundidora Vinto

por el 25/02/2007 a las 06:15 horas
"El Estado ha sido despojado de su propiedad con la privatización, ahora el Estado está recuperando su propiedad", afirmó el Ministro de Minería, Guillermo Dalence, a quien el gabinete del presidente Evo Morales le asignó la tarea de ejecutar la reversión al dominio del Estado del Complejo Metalúrgico y todos sus activos. Ponemos a su consideración datos que escapan al análisis cotidiano. Diario Hispano Boliviano propone un informe especial sobre el hecho más importante del mes. 
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Autor: diariocritico.com
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ANTECEDENTES.  A manera de antecedente vale la pena mencionar que en 1966 se crea en Bolivia la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) mediante Decreto Ley 7695. El Complejo Metalúrgico Vinto fue construido en 1970 para tratar concentrados de estaño producidos por las minas de la región, en especial de las Minas de Huanuni y Colquiri. Su capacidad inicial de producción fue de 7.500 toneladas. La metalúrgica entró en operación a comienzos de los ´70 como un complemento tardío al proceso de nacionalización minera de 1952, para cerrar el ciclo industrial de la cadena productiva del estaño y de otros minerales. Se justificó aquella primera e histórica nacionalización como una medida necesaria para eliminar al “Superestado minero”, conformado por los llamados “Barones del Estaño”, Simón I. Patiño, Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild, a quienes se acusaba de controlar desde la explotación de los reservorios andinos hasta las fundiciones del Reino Unido. Fue el discurso dominante del nacionalismo revolucionario. Surgió, tras la confiscación –que, sin embargo, fue indemnizada –, el holding estatal COMIBOL y Vinto materializó la aspiración de no vender más saquillos de mineral, sino lingotes de estaño; uno de los gestores de la metalúrgica fue, entre otros, el pensador de izquierda René Zavaleta Mercado.

En 1976¬-1977 la planta fue ampliada en dos fases, alcanzando una capacidad instalada de 20.000 toneladas. En 1980 se instaló una planta para tratar 10.000 toneladas de concentrados de baja ley y concentrados complejos de estaño, con una capacidad final de 30.000 toneladas. El 20 de diciembre de 1999 es transferida a Allied Deals en 14,7 millones de dólares. Hasta esa fecha, según los estados contables de Vinto, el Estado boliviano había invertido en la empresa un total de 140 millones de dólares. En el periodo 2000-¬2002, Allied Deals opera el complejo, no invierte lo comprometido, incumple su contrato y se declara en quiebra, cambiando de nombre social a RBG (1). El Gobierno de Inglaterra interviene la empresa y delega a la liquidadora Grand Thorthon para cerrar operaciones. El 2002 la liquidadora Grand Thorthon transfiere Vinto a COMSUR (Compañía Minera del Sur, de propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada) en seis millones de dólares, violando el inciso 7.2 del contrato entre Allied Deals y Bolivia, que establecía la prohibición expresa para vender la empresa a terceros hasta marzo del 2003. En octubre del 2003, Sánchez de Lozada fuga a Estados Unidos.  En el periodo 2004¬-2005, se inician las acciones legales para enjuiciar a Sánchez de Lozada y para anotar preventivamente sus bienes en previsión de un juicio de responsabilidades y la posibilidad de resarcir daños económicos ocasionados en su administración. El 2005, la transnacional suiza Glencore anuncia que adquirió de Sánchez de Lozada el complejo metalúrgico de Vinto y otras propiedades mineras.

La privatización de Vinto fue tildada de dolosa e irregular y nunca fue un secreto para nadie. El diario más importante de Bolivia, La Razón, días antes y después de la privatización, en diciembre de 1999, denunciaba que la compañía Allied Deals estaba despojando al Estado al adquirir, por 14,7 millones de dólares, una planta industrial que valía por lo menos el doble y que tenía equipos, materiales y estaño por otros 15 millones de dólares. "Es un regalo de Navidad" del gobierno del presidente Hugo Banzer a la transnacional británica, decía un reporte de la agencia independiente de prensa Econoticias, publicado en las páginas de La Razón, y que reflejaba que "Vinto fue entregada en bandeja de plata: Allied Deals se hizo gratuitamente de la planta (de Vinto) y del sello de calidad". En su edición del 22 de diciembre de 1999, el diario más importante del país decía: "El Estado recibirá en efectivo tan sólo 14,7 millones de dólares de la empresa inglesa Allied Deals PLC que se adjudicó la explotación de los ricos yacimientos de Huanuni y la propiedad del complejo metalúrgico de Vinto que, paradójicamente, sólo en equipos, materiales y estaño tiene un valor de 15 millones de dólares". "Si esta propuesta es ratificada por el gabinete del presidente Hugo Banzer, la planta de Vinto (dos plantas fundidoras, hornos y laboratorios) y su sello de reconocida calidad internacional virtualmente habrá sido transferidas gratuitamente a la compañía inglesa, advirtieron especialistas del sector"  (2).

Pese a la gravedad de las denuncias documentadas de la prensa, el gobierno de Banzer ejecutó la transferencia de Vinto, imponiéndose la lógica de la aplicación del modelo, por encima de una conciencia social aún adormecida. Las críticas y cuestionamientos de algunas organizaciones sociales no fueron suficientes para detener el proceso de transferencia de la propiedad estatal en 1999, pero plantó la semilla para alimentar el creciente rechazo popular a las políticas privatistas y de capitalización que impusieron los denominados gobiernos neoliberales(3). Para el sector sindical minero Vinto siempre estuvo en el anhelo de recuperación y brindó mucha posibilidad discursiva para ello. En la agenda de los distintos encuentros sindicales se había incorporado siempre la consigna de la nacionalización (4) como una denominada “agenda patriótica” y que el MAS incorporó a su propuesta electoral en los años posteriores. De esa manera, la nacionalización de Vinto era previsible desde el principio del gobierno y sólo se esperaba el mejor momento para su aplicación.

La tramoya de los hermanos Rastogi, pergeñada para estafar a los banqueros incautos, cayó el 3 de mayo de 2002. La Grant Thornton anunció, a las horas de ser nombrada como liquidadora, que los derechos y activos de los falsarios estaban a la venta. La misión de la compañía inglesa consiste en obtener un máximo de liquidez con la venta de las propiedades de los indios, para pagar a las personas jurídicas –especialmente a los bancos estafados– y naturales que están inscritas en una lista de acreedores ordenada según un estricto orden de prelación; cuando se registra una quiebra, quienes demuestran un mejor derecho –por lo general, cuando un derecho obligacional o creditorio fue registrado antes que los otros – ocupan los primeros lugares en esa nómina. Como la prioridad de Grant Thornton es obtener dinero para los acreedores, desguazó la dupla Vinto-Posokoni y vendió la metalúrgica a CDC-Comsur, que posteriormente, en 2005, sería absorbida por la minera suiza Glencore Internacional AG. Esa operación alentó a los cooperativistas (5) a buscar la titularidad del reservorio de Posokoni mediante la compra de los derechos a la liquidadora inglesa; llegaron, incluso, de Londres con documentos que les autorizaban a explotar el yacimiento, después del pago, aseguraron, de 1.5 millones de dólares. La “batalla de Huanuni”, en la que murieron 16 personas, dejó en el limbo esa operación. Pero ésa es una cara de la moneda. El Gobierno, en el decreto de nacionalización de Vinto, afirma que el 9 de marzo de 2003, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la COMIBOL y el Ministerio de Minas transfirieron ilegalmente a CDC Comsur la metalúrgica por 6 millones de dólares. No se refiere a RBG Resources, sino a Allied Deals, que es año jurídicamente ya no existía. También sostiene que el contrato de compraventa de Vinto establecía la prohibición de un traspaso a terceros, antes de los tres años de vigencia, lo que fue vulnerado con la transferencia a CDC Comsur.

Para llegar al poder, el presidente Evo Morales se comprometió, siguiendo la línea nacionalista, a recuperar los recursos naturales para el Estado. El Jefe de Estado le dijo el 26 de octubre al periódico “La Razón” que pronto divulgaría “una gran decisión” sobre las minas y fundiciones que tiene en Bolivia la multinacional suiza Glencore International AG, que hasta el 2005 pertenecieron al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó del país tras los sucesos de “octubre negro” de 2003 y que actualmente está acusado, entre otros cargos, de genocidio en un proceso penal iniciado por el propio Presidente – además de otros – cuando era diputado. “Por recomendación del pueblo, esas minas van a ser recuperadas”, afirmó en aquella oportunidad y lamentó que “algunas empresas transnacionales traten de salvar a Sánchez de Lozada”. Aunque debía tomar la medida el 31 de octubre de 2006, el anuncio se pospuso hasta este viernes 10, cuando, en Oruro, dijo que al día siguiente firmaría un decreto para la nacionalización de la fundidora; confiscó la empresa bajo los mismos argumentos de fines de octubre de 2006. Puede que el siguiente paso de esta estrategia sea la expropiación de las minas, entre ellas Porco, Bolívar y Colquiri, que fueron vendidas por Comsur a Glencore AG.

NACIONALIZACIÓN DE VINTO. "El Estado ha sido despojado de su propiedad con la privatización, ahora el Estado está recuperando su propiedad", dice el ministro de Minería, Guillermo Dalence, a quien el gabinete del presidente Evo Morales le asignó la tarea de ejecutar "la reversión al dominio del Estado del Complejo Metalúrgico y todos sus activos". Tras posesionar a Julio Francisco Infantes, como nuevo gerente de la empresa, el ministro se trazó la tarea de iniciar auditorías técnicas y financieras, ratificando además que no se indemnizará a la transnacional suiza de Glencore, que hasta antes del decreto manejaba la fundidora. La Glencore había "heredado" la fundidora de manos de COMSUR (la empresa del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que a su vez la adquirió de la Allied Deals, en un proceso poco transparente). "No tenemos ninguna relación con ellos (Glencore), nosotros no vamos a otorgar indemnizaciones a nadie y más bien vamos a realizar auditorías para establecer responsabilidades civiles y penales respecto a la manipulación de la planta", dijo.

El ministro explicó que con la nacionalización de Vinto "el Estado sólo está recuperando lo que en derecho le corresponde y producto de las auditorías, con seguridad que se va a imponer las sanciones que merecen los culpables". "No se trata de expropiación sino de recuperar lo que nos fue quitado de mala forma.

Glencore tiene que negociar con la empresa de la cual compró, pero si nos inician un juicio con seguridad que vamos a responder". Dalence aseguró que desde que se privatizó el Complejo Metalúrgico Vinto, en 1999, las administraciones privadas no realizaron inversiones. "No hubo renovación tecnológica y la empresa ha sufrido un desgaste considerable", dijo al asegurar que ahora se invertirá diez millones de dólares para potenciar el Complejo metalúrgico y otros 15 millones para capital de operaciones, según las prioridades que defina un estudio de diagnóstico que actualmente está en curso.

Con la confiscación de Vinto, comenzó la etapa de la nacionalización clásica, que sin embargo está ahora ensombrecida por la posibilidad de que la transnacional suiza Glencore AG, la empresa matriz de su subsidiaria nacional Sinchi Wayra, al cabo de un año, si no se llega a una solución en el escenario del diálogo, inicie un arbitraje internacional para lograr una indemnización. En la medida tomada por el Gobierno, no se ha seguido el procedimiento para una expropiación legal, que está establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), a lo cual se agrega el reclamo helvético por la vulneración de un acuerdo binacional de protección a las inversiones de 1991. El Ejecutivo, no obstante, asegura que tiene argumentos legales que justifican la nacionalización.

Las pérdidas y la falta de inversiones han sido dos argumentos centrales para justificar la privatización de las empresas públicas, aunque en el caso de Vinto ninguna de ellas podía aplicarse. La metalúrgica era rentable, su trabajo era de alta calidad, reconocida a nivel internacional, y caminaba a paso firma hacia su modernización. Los reportes periodísticos de 1999 (La Razón – Econoticias) señalaban:
• La planta de Vinto está constituida por hornos, refinadoras, talleres y laboratorios.
Este año (1999), la metalúrgica obtendrá utilidades por cinco millones de dólares, a pesar de que está trabajando sólo al 50 por ciento de su capacidad.
• Vinto tiene instalaciones de gas, ferrocarril hasta el interior de la planta y una infraestructura industrial de buen nivel.
• La sección de subproductos refina plata de altísima calidad, sulfato de cobre, bismuto e indio, generando un ingreso anual de dos millones de dólares.
• Opera con utilidades desde 1995.
• Los almacenes de Vinto guardan toda la clase de repuestos y equipos nuevos, motores, máquinas de soldar, botellones de oxígeno y otros materiales.
• El sello de calidad de Vinto es ampliamente reconocido a nivel internacional. Cada tonelada de estaño refinada en Vinto recibe en el mercado de Londres un premio adicional de 100 dólares. Por ello, los expertos aseguran que sólo la marca de Vinto vale entre dos y tres millones de dólares.
• El terreno del complejo abarca una extensión de 70 hectáreas.
• El valor en libros del complejo metalúrgico es de 55 millones de dólares.

El Decreto Suprema 29026, de nacionalización de la Empresa Metalúrgica Vinto, identifica al menos ocho vicios legales cometidos en la privatización de la metalúrgica. Según el gobierno de Evo Morales, las irregularidades serían las siguientes:

• La fundición de Vinto fue transferida violando diferentes normas y disposiciones legales. El Parlamento nacional no conoció ni aprobó este proceso, tal como establece la actual Constitución Política del Estado.
• La Ley 1544 de 21 de febrero de 1994 incluyó a la Empresa Metalúrgica Vinto como empresa pública sujeta al proceso de capitalización, en contraposición a la Ley 1982 de 17 de julio de 1999 que excluía específicamente a la Empresa Metalúrgica Vinto de los alcances de la Ley de Capitalización, disponiendo que el Poder Ejecutivo determine el mecanismo de su transferencia al sector privado en el marco de la Ley de Privatización 1330 de 24 de abril de 1992. Esta última, sin embargo, no preveía la transferencia de Unidades Productivas Estratégicas.
• Sobre esta incoherencia jurídica, el entonces Ministerio de Comercio Interior e Inversión, mediante Resolución Ministerial 139/99 de 24 de junio de 1999, aprobó el Plan Específico de MB¬Estaño 05/99 que comprendía la ilegal transferencia de la Empresa Metalúrgica Vinto.
• El proceso de transferencia del Vinto se consumó mediante el decreto 25631 de 24 de diciembre de 1999, adjudicando la licitación MCEI¬Comibol¬EMV¬Estaño¬UR¬LIC¬005¬99 a la firma Allied Deals PLC, por el monto de 14.751.349 (catorce millones setecientos cincuenta y un mil trescientos cuarenta y nueve 00/100 dólares) sin cumplir las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones de la licitación mencionada, generando irreversibles daños económicos al Estado boliviano.
• La Empresa Metalúrgica Vinto estaba valorada en 140 millones de dólares americanos y fue adjudicada 14,7 millones, lo que constituye un evidente perjuicio al patrimonio del Estado boliviano.
• La documentación contable de la Empresa Metalúrgica Vinto establece que Allied Deals PLC se ha beneficiado además con la entrega ilegal de estaño metálico en circuito, concentrados, materiales y repuestos por más de 16 millones de dólares, lo que demuestra que la Fundición fue entregada a la extinta empresa Allied Deals PLC (en situación de quiebra en su país de origen), ocasionando un gravísimo daño a la propiedad del Estado boliviano.
• La cláusula 7.2 del contrato de compra venta de Vinto establecía la prohibición de transferencia a terceros, antes de tres años de la vigencia del contrato, obligación que fue vulnerada por la citada Allied Deals PLC con claras intenciones fraudulentas contra el interés público.

Asimismo, fuentes del gobierno han establecido que la nacionalización de Vinto no le ha caído nada bien a la gigante corporación Glencore , de la que afirman fue levantada por el magnate petrolero de triple nacionalidad (norteamericano-¬suizo-¬israelí) Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como "el ejecutivo más corrupto del planeta". Rich estuvo durante varios años en la lista de los 10 más buscados del FBI, fue perseguido por los delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e indultado con gran escándalo internacional el 2001 por el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, tras financiar la millonaria campaña electoral de representantes demócratas y republicanos. Operando a través de Sinchi Wayra, su filial en Bolivia, la Glencore se ha convertido en el mayor explotador de minerales del país al tener bajo su control los ricos yacimientos de zinc, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Aroifilia, San Lorenzo - Colquechaquita, Don Diego y la metalúrgica Vinto. Su capacidad anual de producción es de 241.000 toneladas de concentrados de zinc, 15.000 toneladas de concentrados de plomo y 12.000 toneladas de estaño metálico, lo que le permite concentrar casi dos terceras partes de toda la producción y exportación de la "nueva rosca" minera, que en la última década obtuvo ingresos por más de tres mil millones de dólares, dejando para el Estado boliviano menos de 90 millones de dólares en impuestos y regalías.

A nivel internacional, la Glencore es una de las mayores comercializadoras mundiales de minerales y otras materias primas, produce principalmente zinc, plata, plomo y estaño. La Glencore, forjada a imagen y semejanza de su líder, rechazó desde Baar, Suiza, la nacionalización de Vinto: "El Grupo (empresarial) se opone firmemente a esta violación de la propiedad privada que atenta a sus derechos (y los derechos de sus subsidiarias) bajo la legislación boliviana y las leyes internacionales, incluyendo el Convenio suscrito entre la Confederación Suiza y la República de Bolivia sobre la Promoción y Protección de Inversiones que entró en vigencia en 1991". "El Tratado ha permitido inversiones significativas de Glencore en Bolivia. Entre otras cosas, el Tratado prohíbe la expropiación de inversiones hechas por corporaciones suizas en Bolivia salvo que fuera en el interés público y acompañadas por el pago de una compensación efectiva y adecuada". "El Grupo se reserva el derecho (y el derecho de sus subsidiarias) de tomar las acciones necesarias para proteger sus intereses de acuerdo a la legislación boliviana y las leyes internacionales, incluyendo su derecho de acceder a arbitraje internacional bajo el Tratado salvo que se le pague oportunamente compensación plena", agrega el comunicado público de la Glencore.
Las repercusiones no se hicieron esperar:

• El principal dirigente de la Central Obrera de Oruro, el minero Miguel Zubieta, dijo que la acción gubernamental está enmarcada en las decisiones y determinaciones de los congresos y ampliados del sector minero y la misma Central Obrera Boliviana, donde se señala la recuperación de los recursos naturales y la reversión de Vinto.
• La Embajada de Suiza en La Paz dijo que antes de acudir a un arbitraje, hay 12 meses de plazo para que el Estado boliviano y la Glencore hallen una solución aceptable para ambas partes, en cumplimiento del acuerdo bilateral de protección a las inversiones. El encargado de Negocios de la Embajada Suiza, Eros Robbiani, expresó la preocupación de su país por la nacionalización de Vinto y dijo que propiciaría un diálogo entre la empresa y Bolivia.
• "Que la empresa (Glencore) haga lo que quiera (...) Bolivia va a defender su derecho a este proceso de nacionalización. Y tendremos todos los argumentos para mostrar que fue justo y legítimo", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera.
• El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, lamentó "la toma violenta" de las instalaciones de la metalúrgica orureña. "No hay que seguir los pasos de Cuba", dijo.
• El presidente de la Asociación de Mineros Medianos, Humberto Rada, se declaró sorprendido por la reversión y dijo que era necesario analizar los convenios entre los administradores de Vinto y el Estado.
• El presidente de la Cámara de Industria, Eduardo Peinado, declaró que si la nacionalización del Complejo Metalúrgico va a traer los beneficios que el país requiere es bienvenida.

El análisis legal de la medida recién comienza, faltan conocerse los detalles documentales, procedimentales y el curso legal que tomará el hecho. Una de las primeras reflexiones salta al conocer que si la Constitución Política del Estado permite la expropiación por causa de utilidad pública y previa indemnización, ¿por qué el Gobierno no tomó esta opción en el caso de Vinto? Según el experto en minería, Rolando Jordán, el Poder Ejecutivo actuó con gran emotividad, pero no racionalmente, aunque el oficialismo ha asegurado que sobran justificaciones legales para la medida que asumió y que Glencore AG debería indemnizar al Estado y no al revés. Jordán dice que se cometió un deplorable error, porque si se tenía la seguridad de que en la primera transferencia, como sostiene el Palacio Quemado, se cometió un fraude, se debía apelar a la ley; con un fallo judicial a favor del Estado, hubiera resultado mucho más fácil nacionalizar Vinto. Además, se habría reducido al mínimo la indemnización a Glencore AG, afirma.

Considera que se tenía que proceder de la misma forma en la primera transacción, del Estado a Allied Deals; en la segunda, de Grant Thornton a CDC Comsur, y en la última, de CDC Comsur a Glencore AG. En cambio, con el procedimiento ejecutado para la confiscación de la metalúrgica, “se ha puesto en una situación muy débil al país frente a un posible arbitraje”, dice. Pero también es una señal preocupante que llegará a los mercados internacionales y ahuyentará las inversiones, con lo cual “está en riesgo la economía del país”, asegura. Si eventualmente se llegara a un arbitraje, Jordán prevé, a contramano de la opinión oficial, que no hay argumentos legales y valederos para sustentar lo que sucedió con Vinto y que, por añadidura, se tendrá que saldar una fuerte indemnización. No obstante, el Gobierno considera que la transnacional suiza es un “palo blanco” del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Y que uno de sus socios, Marc Rich, se ha prestado a ese juego. “Lo de Marc Rich no tiene nada que ver, están actuando visceralmente y no había necesidad; debían investigar, determinar si hubo o no daño económico al Estado y otorgar una compensación, si era necesaria”, dice Jordán. Se ha abierto un año para encontrar una solución mediante el diálogo. Para el Gobierno, se puede sustentar la legalidad de la medida; vencido ese período, Glencore AG irá a un arbitraje en el que, si demuestra que adquirió legalmente los intereses del holding CDC Comsur, exigirá la indemnización que debe acompañar a las expropiaciones.

NOTAS:

 1. Desde un inicio, Allied Deals confrontaba problemas, derivados –ahora se sabe– de la fraudulenta administración de sus propietarios, los indios Narenda y Virenda Rastogi, quienes resolvieron, a fines de 2001, realizar un cambio de nombre: Allied Deals se convirtió, en territorio inglés, en RBG Resources PLC, lo cual afectó a su subsidiaria de Bolivia. Narenda Rastogi, el cerebro de los desfalcos, administraba Allied Deals, una compañía con domicilio legal en New Jersey, Estados Unidos, mientras que su hermano,Virenda, dirigía la recién creada RBG Resources PLC con sede en Londres. ¿Cómo operaban los Rastogi? Eran estafadores que habían montado un esquema internacional que usaba inexistentes compañías fundidoras y mineras –en realidad, empresas “fachada”–, para presentarse como brokers o corredores del mercado de metales y obtener préstamos en la banca internacional. De acuerdo con los procesos penal y civil que se les sigue en el Reino Unido, los Rastogi lograron estafar al menos 750 millones de dólares en préstamos que nunca honraron; con las bajas cotizaciones, en ese entonces, del estaño, Vinto y Posokoni posiblemente eran dos de las pocas y frágiles empresas que sacaban de la chistera estos estafadores para ser considerados como sujetos de crédito. Los apresaron, sin embargo, cuando el repago del financiamiento para fortalecer sus supuestas actividades de brokers de minerales comenzó a fallar.  Apareció en escena, entonces, la inglesa Grant Thornton, que fue designada como la liquidadora de lo poco con que los Rastogi se disfrazaban para estafar.
 2.  El reporte periodístico antes de la privatización de Vinto advertía: "Si este lunes se cumplen las mejores previsiones del gobierno de transferir en 17 millones de dólares el complejo de Vinto, los nuevos propietarios de la metalúrgica recibirán equipos, materiales existentes en almacenes y estaño valorados en 15 millones de dólares, por lo que se habrán hecho dueños de la planta industrial con tan sólo dos millones de dólares". "Según el gerente general de Vinto, Edgar Pinto Landaeta, tan sólo en estaño, materiales y equipo que actualmente existen en los almacenes de Vinto hay un valor de 15 millones de dólares". "El ministro de Comercio Exterior, Carlos Saavedra Bruno, y el viceministro de Inversión y Privatización, Miguel López, dijeron en los últimos días, por separado, que esperan transferir todo el complejo en una cifra estimada entre 15 y 17 millones de dólares, por lo que –advirtieron expertos– los empresarios que ganen la adjudicación, estarían comprando la planta en tan sólo dos millones de dólares, en el mejor de los casos". "Otros especialistas del sector minero cuestionaron también la forma en que se desarrolla la privatización de la metalúrgica orureña que, entre la planta industrial, el estaño, los equipos y repuestos existentes en almacenes, tendría un valor total de mercado de por lo menos 41 millones de dólares (planta: $us 26 millones; estaño: $us ocho millones; material en almacenes: $us siete millones), sin contar el valor del sello de calidad internacional que ostenta la prestigiosa refinería boliviana. Tampoco se considera el valor que genera la sección de subproductos, donde se refina plata, sulfato de cobre, bismuto e indio que anualmente genera dos millones de dólares".
 3.  Aunque en el proceso de capitalización, entre 1994 y 1997, no se presentaron postores para la Empresa Metalúrgica Vinto, ya desde esos años se estableció que, para garantizar las operaciones de la fundidora, se traspasarían también los derechos de explotación del yacimiento estañífero de Posokoni, en Huanuni. Se diseñó la transferencia a un inversionista no sólo del control de Vinto, sino también la firma de un contrato de riesgo compartido o joint venture por los derechos de explotación de Posokoni, para que el inversionista contara con materia prima para el proceso de industrialización.

 4. Valga la pena aclarar, que esta era la única posibilidad nacionalizadora, pues según el Código Minero y la propia Constitución, las minas y los recursos minerales son propiedad del Estado y se promueve su explotación a través del sistema de concesiones mineras, por lo que no existe posibilidad nacionalizadora real en el sector a diferencia de lo que ocurría en el sector petrolero.
  De ahí nace el tema del “derecho propietario” que reclaman los mineros ccoperativistas frente a la COMIBOL. Este problema supuso el enfrentamiento del año pasado, que dejó un saldo de 16 muertos civiles.
  5. Glencore AG, con sede legal en Baar, Suiza, es una corporación especializada en la producción y comercialización de materias primas. Opera en las áreas de metales y minerales, energía y agricultura. En su área de marketing tiene más de 2 mil empleados distribuidos en 50 oficinas de 40 países. En sus operaciones industriales, da más de 50 mil empleos directos e indirectos en 23 plantas situadas en 14 países. Con respecto a Sinchi Wayra, dice que es operadora de cinco minas, ubicadas en Oruro y Potosí, y de la metalúrgica Vinto, que procesa su propia producción y la de terceros. Informa que esta subsidiaria adquirió esos intereses en 2005, aunque no menciona a CDC Comsur. El holding produce 241.000 tonelas métricas (TM) de zinc, 15.000 TM de concentrados y 12.000 TM de estaño. Tiene, informa el sitio web, 3427 trabajadores.  

Agradecimientos a los Semanarios PULSO y La Época.


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